Motivos para rechazar la ley LASALLE
Madrid, 23 de septiembre de 2014
Estimados afiliados,
Durante las próximas semanas, el Senado debatirá la reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual. Es muy importante que los profesionales de la creación manifestemos nuestro rechazo a esta norma debido a los siguientes puntos que contempla, entre muchos otros, y que afectarán negativamente a nuestra profesión y a la posibilidad de que podamos vivir de ella de forma digna.
1) Se consagra el desmantelamiento del sistema de remuneración por copia privada, que ahora irá contra los presupuestos públicos y no contra importadores o fabricantes de aparatos y soportes de reproducción. Ya se ha reducido unas 20 veces el importe de esta remuneración. Además, el propio Tribunal Supremo español duda sobre si el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se ajusta a la legislación europea.
2) Somete a control administrativo los precios de los derechos de autor. Serán los poderes públicos quienes regulen los precios y determinen cómo se deben calcular las tarifas y no las entidades de gestión independientes como DAMA o SGAE. La desaparición del canon por copia privada no ha supuesto bajada alguna en el precio de los dispositivos o soportes que estaban gravados por él.
3) Intervencionismo en los procesos de negociación con los autores, proponiendo rebajas de hasta un 30%. El proyecto establece la obligación para las entidades de gestión de reescribir nuevas tarifas. Hasta que éstas no se aprueben, los usuarios pueden acudir a un expediente de consignación en el que sólo podrían recibir el 70% de sus pagos actuales.
4) El Anteproyecto propone que las radios y televisiones públicas no reconozcan los derechos de los creadores con las mismas condiciones económicas que el resto de organismos privados. ¿Acaso cualquier ente público no paga la tarifa de la luz, del agua, de sus producciones, como cualquier otra empresa? ¿Por qué escatimar su salario al creador?
5) Tiene fecha de caducidad. La propia ley anuncia en su texto que en un año desde su entrada en vigor, se iniciarán los trámites en colaboración con todos los sectores para reformarla. ¿Por qué malgastar recursos públicos y esfuerzo durante año y medio para tramitar una reforma parcial? Esto es fruto de esa falta de un análisis riguroso y de un diálogo previo del Gobierno con los profesionales del sector.